“Gabón no ha
ofrecido nada que refute la extensa evidencia aportada por Guinea Ecuatorial.
En su lugar, haciendo caso omiso a las pruebas irrefutables presentadas por mi
país, Gabón continúa invocando el documento no autenticado de 2003 como título
jurídico dominante sobre, entre otros, el territorio y las islas que Gabón
arrebató por la fuerza a Guinea Ecuatorial en 1972”, resumió Domingo Mba Esono.
Después de varios
años de silencio, Guinea Ecuatorial y Gabón se han argumentado ante la Corte
Internacional de Justicia sus diferentes posturas, argumentos y documentos jurídicos
sobre sus soberanías a tres islas en disputas y de las delimitaciones
terrestres. La representación de Guinea
Ecuatorial ha denunciado como “fáctica y jurídicamente insostenible” la ocupación
con fuerza y reclamación de Gabón sobre el territorio.
Las alegaciones de
las partes, ahora le corresponde a la Corte Internacional de Justicia de La
Haya a dictar sentencia sobre el «caso Mbañe», la disputa que arrastran desde
hace algo más de medio siglo Guinea Ecuatorial y Gabón sobre la delimitación de
las fronteras marítimas y terrestres en la isla de Mbañe y los islotes
adyacentes de Cocoteros y Conga. Una treintena de hectáreas prácticamente
deshabitadas en aguas del Atlántico que, sin embargo, albergan grandes reservas
de hidrocarburos; el fallo del tribunal de Naciones Unidas así, para resolver
la legalidad de los títulos y tratados históricos y jurídicos mencionados en la
demanda. Es decir, el litigio versa en última instancia sobre la ley aplicable,
y no servirá para delimitar las fronteras marítimas ni determinar la soberanía
de las islas.
Cabe revelar que el
proceso judicial ha tenido lugar en base al Protocolo de Marrakech, un acuerdo
firmado en noviembre de 2016 por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro
Obiang Nguema, y el entonces mandatario gabonés, Ali Bongo Ondimba, que
comprometía a las partes a “alcanzar una resolución amistosa a través de la
Justicia internacional”. Dicho acuerdo culminaba el proceso de mediación que las
NU había puesto en marcha en 2004, durante la etapa de Kofi Annan en
la secretaría general, pese a las obstrucciones de Gabón. Las negociaciones se
suspendieron en 2010, pero que se reanudaron un años después, ya con Ban Ki
Moon al frente de Naciones Unidas.
Domingo Mba Esono,
ministro delegado de Hidrocarburos y Desarrollo Minero de Guinea Ecuatorial, en
su discurso ante los jueces de las NU aseveró “Guinea Ecuatorial comparece ante
la CIJ con un espíritu de amistad hacia Gabón y con el deseo de fortalecer la
relación bilateral basada en el respeto mutuo, la buena vecindad y el imperio
de la ley”; para más tarde desgranar las incongruencias de las actuaciones e
interpretaciones de Gabón desde 1972 hasta la fecha.
La delegación de
Guinea Ecuatorial se sostuvo ante la Corte Internacional de Justicia su defensa
a la aplicabilidad del Tratado de París, firmado en 1900 entre Francia y España
para definir “las fronteras entre sus respectivas colonias, Gabón y Guinea
Ecuatorial respectivamente”; Mba Esono refutó en sus argumentos la “Legalidad y
validez” del tratado que dice Gabón tener, el denominado “Convención de Bata de
1974”. “Un documento que nunca Gabón ha presentado su originalidad”.
“Gabón no ha
ofrecido nada que refute la extensa evidencia aportada por Guinea Ecuatorial.
En su lugar, haciendo caso omiso a las pruebas irrefutables presentadas por mi
país, Gabón continúa invocando el documento no autenticado de 2003 como título
jurídico dominante sobre, entre otros, el territorio y las islas que Gabón
arrebató por la fuerza a Guinea Ecuatorial en 1972”, resumió el ministro.
En su intervención,
Mba Esono expresó con toda contundencia al alertar que la posición de Gabón es
“fáctica y jurídicamente insostenible” y la titularidad aplicable corresponde a
Guinea Ecuatorial sobre la base de los acuerdos que existían en el momento de
su secesión de España en 1968. Y subrayó al final que “Gabón, y Francia antes
de Gabón, jamás tuvieron título sobre estas islas”.
El Fiscal General
de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang Nguema Mague, presentó sus alegaciones jurídicas
en francés, para facilitar el entendimiento de los 15 juristas de la CIJ; al
igual que los anteriores oradores, después de evidenciar que la parte gabonesa no
podrá sostener sus argumentos en argumentos jurídicos, ni históricos para ser
los titulares de las islas en disputa, expresó a la Corte la importancia de
resolver pacíficamente el conflicto y las limitaciones terrestres entre los dos
Estados “amigos”.
El conflicto comenzó el 23 de agosto
de 1972, doce años después de la independencia de Gabón y cuatro después de la
de Guinea Ecuatorial, cuando Gabón ocupó militarmente la isla de Mbañé tras una
reunión de la comisión mixta de negociación de límites marítimos celebrada en
marzo de ese mismo año en Libreville.
La ocupación de los islotes por
parte de Gabón fue con fuerzas militares, las fuentes históricas aseguran que capturaron
a los soldados y civiles guineanos que se encontraban principalmente en Mbañe,
violando la soberanía de Guinea Ecuatorial.
Al final, el día 4
de octubre, las partes agotaron sus correspondientes alegatos ante los 15
magistrados que supervisan el caso en La Haya. Entre las pruebas presentadas a
lo largo del proceso figuran desde los primeros tratados de San Ildefonso
(1777) y del Pardo (1778), rubricados entre España y Portugal, que delimitaban
las posesiones coloniales de España en la región, incluyendo las áreas
circundantes a las islas en disputa, hasta el Tratado de París, firmado en 1900
entre Francia y España para definir las fronteras entre sus respectivas
colonias, Gabón y Guinea Ecuatorial, respectivamente.
Gabón, por su parte, defiende la
existencia de un tratado posterior a este último, denominado Convención de Bata
de 1974, que le otorga la soberanía sobre las islas en cuestión. Un documento
presentado casi tres décadas después del inicio del contencioso, en 2003, cuya
validez Guinea Ecuatorial rechaza “tajantemente”. Y como medio de presión y
astucia, Gabón lo registró en 2024 en el sistema de Naciones Unidas, conducta
que la parte guineana denunció al considerarla “de mala fe” por presentar “fotocopias
que son ilegibles, incompletas y sin firmar” y que, siempre según su versión,
acreditan un acuerdo que no se llegó a producir.
Bernardino-Ndze BIYOA ASUHE
