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El Código Civil de Guinea Ecuatorial: Un marco legal en tensión con su realidad sociocultural

 

Luis Gonzalo Mbenga NGUEMA AYINGONO

Graduado en Derecho

   

Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África subsahariana, enfrenta una paradoja jurídica: su Código Civil, heredado del colonialismo español y reformado solo de manera parcial tras la independencia en 1968, sigue en conflicto con las prácticas consuetudinarias y la diversidad étnica del país. Esta desconexión no solo genera inseguridad jurídica, sino que también perpetúa un sistema legal que impone un modelo normativo europeo sobre las tradiciones locales, marginando a comunidades históricamente invisibilizadas y reforzando desigualdades estructurales.

Un legado colonial sin adaptación real

El Código Civil vigente se basa en el modelo español de 1889, con influencias posteriores del derecho francés. Si bien fue funcional durante la administración colonial, su permanencia en el siglo XXI revela un problema de fondo: la falta de una reforma integral que integre el derecho consuetudinario de los pueblos fang, bubi, ndowe, annoboneses y bisios.

Desde la independencia, tanto el régimen de Francisco Macías Nguema (1968-1979) como el de Teodoro Obiang Nguema (1979-actualidad) han mantenido un sistema legal centralista que no ha promovido un verdadero diálogo intercultural en la legislación. Este divorcio entre la ley escrita y las prácticas sociales se agrava por la ausencia de mecanismos claros para el reconocimiento legal de las costumbres locales. Aunque la Constitución de 2012 menciona en su artículo 13 que "la ley tendrá en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo", no existe una legislación específica o medidas de acompañamiento que defina cómo deben integrarse estas normativas al sistema jurídico formal.

Tensiones entre el Código Civil y la realidad sociocultural

Herencia y propiedad familiar. El Código Civil establece principios de herencia basados en la igualdad formal entre herederos, ignorando por completo prácticas consuetudinarias como la transmisión patrilineal de tierras en comunidades fang o el papel de los consejos de ancianos en la distribución de bienes. En muchas zonas rurales, los conflictos sucesorios se resuelven mediante arbitraje tradicional, pero cuando estos casos llegan a los tribunales estatales, las sentencias suelen invalidar los acuerdos comunitarios, generando desconfianza en la justicia formal.

Además, el código no reconoce la propiedad colectiva de la tierra, fundamental para etnias como los bubis, cuya relación con el territorio es comunal y sagrada. Esta omisión ha facilitado expropiaciones para proyectos diversos sin consulta previa a las comunidades afectadas, profundizando el despojo territorial y el malestar social.

Derecho de familia y roles de género. El Código Civil mantiene vestigios de un modelo familiar patriarcal, pero al mismo tiempo choca con estructuras matrilineales y sistemas de dote aún vigentes en distintas comunidades. Por ejemplo:

  • En algunas comunidades ndowe, el matrimonio implica acuerdos entre familias que incluyen intercambios simbólicos no reconocidos por la ley.
  • En caso de divorcio, el código prioriza la custodia paterna, contradiciendo prácticas tradicionales donde la madre o la familia extensa desempeñan un rol central en la crianza.
  • Aunque el código prohíbe la poligamia, esta sigue siendo una práctica extendida casi por todos los grupos étnicos, lo que deja a muchas mujeres y niños en una situación de vulnerabilidad jurídica.

Justicia local vs. sistema formal. En muchas regiones, los tribunales tradicionales —liderados por jefes locales o Mikukuma (autoridades fang)— siguen resolviendo conflictos mediante el diálogo y la reparación comunitaria. Sin embargo, el Código Civil no otorga validez jurídica a estas resoluciones, lo que fragmenta el acceso a la justicia. La falta de reconocimiento del derecho consuetudinario deja a muchas personas, especialmente en comunidades rurales, sin mecanismos formales para hacer valer sus derechos, ya que recurrir a los tribunales estatales supone costos elevados y desplazamientos a ciudades como Malabo o Bata.

Consecuencias de esta desconexión legal. La falta de armonización entre el derecho escrito y el derecho consuetudinario genera múltiples efectos negativos:

  1. Inseguridad jurídica: La coexistencia de dos sistemas no integrados provoca contradicciones, arbitrariedad y falta de predictibilidad en las decisiones judiciales.
  2. Marginación de comunidades rurales: Minorías étnicas ven sus derechos vulnerados por leyes que no reflejan su identidad ni su organización social.
  3. Conflictos por la tierra: La negación de la propiedad comunal ha derivado en desplazamientos forzados y protestas, como las protagonizadas por los bubis en Bioko.
  4. Desprotección de mujeres y niños: Las contradicciones entre la ley y las costumbres dejan vacíos legales en temas críticos como herencias, violencia doméstica o custodia infantil.

Hacia un Código Civil intercultural. Para cerrar esta brecha y construir un marco normativo más inclusivo, Guinea Ecuatorial necesita:

  • Reconocimiento del pluralismo jurídico: Adoptar una legislación que articule el derecho estatal con el consuetudinario, siguiendo modelos como los de Sudáfrica o Botswana.
  • Reforma participativa: Involucrar a líderes tradicionales, mujeres y jóvenes en la redacción de normas que reflejen la diversidad cultural del país.
  • Capacitación judicial: Formar a jueces y fiscales en derecho consuetudinario para evitar sentencias culturalmente insensibles.
  • Regulación de la propiedad colectiva: Crear registros de tierras comunales y prohibir expropiaciones sin consentimiento libre e informado.

El Código Civil de Guinea Ecuatorial no es solo un conjunto de normas; es un reflejo de las tensiones entre un Estado centralista y una sociedad multicultural. Mientras el país no asuma que las leyes deben servir a su pueblo —y no al revés—, seguirá gobernando con normas ajenas a su realidad. La reforma del Código Civil no es solo una necesidad jurídica, sino un acto de justicia histórica para las comunidades tradicionalmente silenciadas.

Como bien señala el jurista Rodolfo Sacco: "El derecho debe ser un espejo de la sociedad, no su camisa de fuerza." Guinea Ecuatorial tiene la oportunidad de demostrarlo

 

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